Mantenemos el propósito de reformar la Constitución para que el Estado mexicano asuma el 54 por ciento del mercado nacional de energía eléctrica y la iniciativa privada el 46 por ciento.
No se desplazará al sector privado ni incurriremos en prácticas monopólicas; queremos poner orden para que la CFE, que es una empresa pública, siga beneficiando a los consumidores domésticos e impulse el desarrollo de México.
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